La iniciativa considera etapas teóricas y prácticas, orientadas a mejorar la eficiencia, seguridad y especialización de sus participantes. 

Minera El Abra, filial de Freeport-McMoRan en Chile, lanzó una nueva versión de su programa de aprendices, esta vez, enfocado en el Mantenimiento Eléctrico, en el que participarán 26 jóvenes entre 19 y 24 años, egresados del Colegio Don Bosco de Calama.

El programa, que será implementado por Inacap sede Calama, tiene como objetivo fortalecer las competencias técnicas de futuros trabajadores de la industria minera. Tendrá una duración de 304 horas y busca mejorar la eficiencia, seguridad y especialización en el mantenimiento de equipos eléctricos industriales.

La capacitación considera seis unidades temáticas que combinan teoría y práctica mediante una metodología activa basada en el modelo “Aprender Haciendo”, promovido por la entidad educativa. 

Jean Cortés, participante del curso, plantea que “esto me va a ayudar a expandir mis conocimientos. Yo quiero estudiar ingeniería en maquinaria pesada y automotriz y esta oportunidad me va a ayudar a lograr este objetivo”. 

Desde 2016 que Minera El Abra apoya el desarrollo educativo del Colegio Don Bosco de Calama, a través de donaciones de insumos para talleres prácticos, prácticas profesionales para estudiantes del establecimiento, charlas técnicas y aporte para la ampliación de su infraestructura. Este año además la compañía colaboró en ayudar a 8 estudiantes del colegio sede Calama y Antofagasta a participar de una pasantía a España, para enriquecer su formación técnico-profesional.

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Por 10 votos y una abstención se aprobó informe que pidió «dejar sin efecto» la alianza el litio en el salar de Atacama y realizar una licitación internacional. Junto con criticar “la ausencia de auditorías técnicas y financieras independientes”, pidieron y fortalecer la transparencia, revisar la consulta indígena y un mayor resguardo de los intereses fiscales.

Tras un extenso trabajo desarrollado por un grupo transversal de diputados, la comisión investigadora aprobó las conclusiones y propuestas de un informe divulgado en las últimas horas de este lunes. En la jornada, por 10 votos a favor y una abstención, fue visado el informe de 45 páginas que comunicó el diputado Cristián Tapia (independiente PPD) y cuya principal recomendación fue “dejar sin efecto” el acuerdo entre Codelco y SQM para explotar litio en el salar de Atacama.

El informe -que planteó 23 recomendaciones y propuestas, recuerda que “en 2023, el Presidente Gabriel Boric lanzó la Política Nacional del Litio, iniciativa que fue ampliamente celebrada por la mayoría de los chilenos” y que a fines de ese año se firmó un memorándum de entendimiento entre Codelco y SQM.

“Esta situación sorprendió a muchos, ya que Corfo otorgó a Codelco un mandato para negociar con esta empresa privada sin informar previamente a las comisiones de Minería y Energía de ambas cámaras del Congreso, las cuales tienen el deber constitucional de fiscalizar al Ejecutivo para asegurar que la administración pública respete la ley y defienda los intereses de la nación”, dice el informe.

A lo largo del reporte, entregado por el diputado Tapia, consignó que “ante esta preocupación, citamos en varias oportunidades al presidente de Codelco, Máximo Pacheco, a la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados. Lamentablemente no nos convenció de que este negocio era lo mejor para el país producto de lo cual constituimos esta comisión investigadora”.

Negativa al pacto Codelco-SQM

La primera recomendación del reporte es “dejar sin efecto el acuerdo de asociación suscrito entre Codelco y SQM para la explotación del litio en el Salar de Atacama y la compra de la mina Salar Blanco en Maricunga” (…) “debido a la falta de transparencia que ha caracterizado todo el proceso de negociación, aprobación y socialización”.

El informe enfatiza que “el proceso se realizó sin entregar información clara, oportuna y suficiente al Congreso ni a la ciudadanía, omitiendo detalles esenciales sobre los criterios para descartar una licitación pública, los términos exactos de la negociación y los estudios comparativos que sustenten la conveniencia del acuerdo. Esta opacidad impidió que el Estado y la sociedad evaluaran si la asociación es realmente la mejor opción para maximizar los beneficios públicos”.

 El informe asegura que los cálculos que se usaron se fundaban en una proyección del precio de litio que estaban muy por sobre la proyección actual.

El informe asegura que “la negociación se llevó a cabo de manera reservada, sin que Codelco ni Corfo hayan informado aspectos básicos como la identidad de los representantes del interés fiscal y el rol de cada uno en el proceso” y que “no existen tampoco actas que den cuenta de dicha negociación, para poder analizar si se cumplieron con estándares legales exigibles a quienes intervinieron en representación del interés fiscal en este negocio”.

Las otras propuestas

A juicio del informe de la comisión, muchas de las gestiones realizadas por Codelco, Corfo y SQM han sido insuficientes. En particular su cuestiona “la ausencia de auditorías técnicas y financieras independientes, la falta de mecanismos efectivos de rendición de cuentas y la opacidad en la gestión de contratos refuerzan la necesidad de revertir el acuerdo”.

A la vez, plantean “ampliar y revisar la consulta indígena”, y que estiman que “se ha implementado de manera parcial y meramente formal, sin garantizar la participación real de las comunidades afectadas ni la transparencia en la distribución de beneficios”.

Un aspecto crucial que propone el grupo investigador que haya licitación internacional del contrato: “La forma de definir el privado que se va a asociar al Estado para explotar las pertenencias del Fisco en el salar de Atacama debe ser a partir de una licitación pública, abierta y transparente, que se adjudique a quien presente la mejor oferta social, ambiental y económica para el Estado de Chile”.

Advierten, además, que el acuerdo requiere aún la aprobación de autoridades regulatorias chinas y el término del proceso de Consulta Indígena, tras lo cual Corfo “debe aprobar el texto final de los contratos con los que se va a implementar el acuerdo”, por lo que, aseguran, “no estamos frente a un proceso que esté cerrado, sino que aún hay espacio para repensar la forma en que se van a explotar las pertenencias del Fisco”.

Los diputados también consideran que el Estado al evitar una licitación pública, “como mínimo” pierde unos US$6.700 millones. Y sentencian que “aún es tiempo de corregir esta decisión y asegurar que Chile obtenga una retribución justa por el litio del salar de Atacama.

El informe recomienda que Corfo resguarde que el contrato con SQM se cumpla de buena fe, sin causar un perjuicio indebido al interés fiscal. Y que el Estado, a través de Corfo y Codelco “deben exigir como requisito a SQM para participar en cualquier negociación o acuerdo, que se desista de las acciones que actualmente tiene en contra del Fisco, donde impugna el pago del Impuesto Específico Minero derivado de la explotación de litio en el Salar de Atacama”.

Se recomienda que el Estado, a través de Codelco y Corfo, aseguren una participación mayoritaria y control efectivo en la toma de decisiones y en la distribución de utilidades en la industria del litio.

También recomiendan una regulación de incentivos a la inversión privada en la industria del litio.

El comité parlamentario también propone rendición de cuentas ante el Congreso y la ciudadanía por parte de Codelco y Corfo; que exista más transparencia en contratos y subcontratos, donde los asociados al acuerdo con SQM deben ser públicos y estar sujetos a revisión por parte de organismos independientes.

Como punto final a sus propuestas, el grupo parlamentario propone “sanciones por incumplimiento y malas prácticas: se debe establecer un régimen de sanciones claras y efectivas para los funcionarios y directivos que incurran en prácticas opacas, oculten información o incumplan los estándares de transparencia y rendición de cuentas”.

Fuente/Pulso/LaTercera
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Opinión/Joaquín Villarino/Presidente Ejecutivo del Consejo Minero
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