La Compañía Minera Mantos de Oro, controlada por la norteamericana Kinross, busca extender la vida útil de sus faenas La Copia y Purén, ubicadas en la Región de Atacama.

Los precios del oro están por las nubes. Hace solo un mes su cotización a nivel mundial alcanzó un récord de US$ 3.490 la onza y en estos días fluctúa en torno a los US$ 3.280.

En ese contexto, la explotación del oro se hace crecientemente atractiva, más todavía para aquellos que ya cuentan con operaciones en marcha.

Chile se encuentra dentro de los 20 mayores productores del mundo del metal precioso, pero en su mayoría se extrae como subproducto de la explotación de cobre. En el país se produjeron 37 mil kilos de oro en 2023, su mayor nivel desde 2019.

Sin embargo, existen operaciones dedicadas específicamente a la producción de oro.

Entre ellas se encuentran las faenas La Coipa y Purén, ubicadas en la Región de Atacama y que pertenecen a la Compañía Minera Mantos de Oro, controlada en un 100 % por la multinacional Kinross Gold, con sede central en Canadá.

Bajo este escenario de mejores precios del metal, Mantos de Oro decidió extender la vida útil de estas operaciones, para lo cual inició la tramitación ambiental de este proyecto al presentar un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) a las autoridades correspondientes.

La iniciativa, que considera una inversión de US$ 113 millones, busca que estas minas amplíen sus faenas al menos en cinco años más.

La Coipa y Purén se ubican a unos 160 kilómetros al noreste de la ciudad de Copiapó, a altitudes de 3.550 y 4.800 metros sobre el nivel del mar, respectivamente.

“El proyecto tiene como objetivo dar continuidad operacional a faena La Coipa y a faena Purén, a través de la explotación de nuevas fases en los rajos Coipa Norte y Purén, cuyo mineral será beneficiado en la planta de procesos existente, localizada en faena La Coipa”, explicó el documento ingresado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

Según pretende la empresa, el rajo Coipa Norte debiera extraer mineral por un periodo de seis años más (considerando un año de prestripping -extracción de roca sin valor comercial que está sobre la reserva mineral- y cinco años de operación), con lo que espera extraer del orden de las 173.400 toneladas de mineral.

En paralelo, la llamada “Fase IV” del rajo Purén operaría por un periodo de otros cinco años (un año de prestripping y cuatro de operación), con una extracción total de 86.200 toneladas, donde 68.600 toneladas corresponderían a material estéril y 17.700 toneladas a mineral.

El proyecto considera la ampliación de los llamados botaderos o depósitos de estériles provenientes de ambos rajos.

El mineral extraído será procesado por la planta situada en La Coipa, que está autorizada al tratamiento de 15 mil toneladas por día, durante un periodo de siete años.

Los relaves generados serán depositados en la etapa 11 del depósito de relaves de la faena La Coipa, que cuenta con capacidad suficiente para almacenarlos.

La vida útil total del proyecto, considerando su construcción, explotación y cierre, es de nueve años.

Además de la operación La Coipa, que incluye a la faena Purén, Kinross posee en Chile la mina de oro Maricunga y el depósito aurífero Lobo-Marte, ambos en plena cordillera de la Región de Atacama. En 2023, la compañía produjo 260.234 onzas de oro en Chile, todo proveniente de La Coipa.

Fuente/Pulso/Latercera
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La iniciativa considera etapas teóricas y prácticas, orientadas a mejorar la eficiencia, seguridad y especialización de sus participantes. 

Minera El Abra, filial de Freeport-McMoRan en Chile, lanzó una nueva versión de su programa de aprendices, esta vez, enfocado en el Mantenimiento Eléctrico, en el que participarán 26 jóvenes entre 19 y 24 años, egresados del Colegio Don Bosco de Calama.

El programa, que será implementado por Inacap sede Calama, tiene como objetivo fortalecer las competencias técnicas de futuros trabajadores de la industria minera. Tendrá una duración de 304 horas y busca mejorar la eficiencia, seguridad y especialización en el mantenimiento de equipos eléctricos industriales.

La capacitación considera seis unidades temáticas que combinan teoría y práctica mediante una metodología activa basada en el modelo “Aprender Haciendo”, promovido por la entidad educativa. 

Jean Cortés, participante del curso, plantea que “esto me va a ayudar a expandir mis conocimientos. Yo quiero estudiar ingeniería en maquinaria pesada y automotriz y esta oportunidad me va a ayudar a lograr este objetivo”. 

Desde 2016 que Minera El Abra apoya el desarrollo educativo del Colegio Don Bosco de Calama, a través de donaciones de insumos para talleres prácticos, prácticas profesionales para estudiantes del establecimiento, charlas técnicas y aporte para la ampliación de su infraestructura. Este año además la compañía colaboró en ayudar a 8 estudiantes del colegio sede Calama y Antofagasta a participar de una pasantía a España, para enriquecer su formación técnico-profesional.

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Werco Trade AG demandó a Codelco por supuestos perjuicios derivados de documentos “falsos y erróneos” emitidos por la cuprífera estatal. Codelco rechaza las acusaciones, afirma que nunca tuvo vínculos contractuales directos con la empresa europea y sostiene que la acción carece de fundamento.

Werco Trade AG interpuso una demanda de indemnización de perjuicios en contra de Codelco la semana pasada ante el 21º Juzgado Civil de Santiago. En el escrito, la empresa suiza acusa a la cuprífera estatal de haber emitido documentos “que contenían información derechamente falsa y errónea”, lo que habría provocado que Werco pagara “enormes sumas de dinero por un material que no era el acordado con una empresa satélite de Codelco”.

El origen del conflicto se remonta a 2017, cuando Werco —dedicada a la intermediación de minerales a nivel global— comenzó a operar en Chile comprando productos secundarios del cobre a la firma Cobre y Metales SpA (CyM), empresa que, según el escrito, mantenía una relación comercial con Codelco. La demandante califica a CyM como una “empresa satélite de las productoras”, señalando que este tipo de compañías adquiere materiales de menor concentración que Codelco no comercializa directamente.

Según la presentación, “esta estructura de negocios desarrollada por Codelco le permitió obtener de nuestra representada –a través de CyM– ingresos por, al menos, US$ 260.400.000, desde el año 2017 a 2023”. La compraventa se sustentaba, en documentos emitidos por Codelco, como avisos de anticipo de pago y facturas, en los que se detallaba el tipo y la concentración de cobre del material.

Cambio

Según la demanda en el contrato denominado CL2T339, firmado entre Codelco y CyM, se indicó que el material vendido era “polvo convertidor”, producto que según Werco es considerado un desecho mineral sin valor comercial en septiembre de 2022. Sin embargo, al día siguiente, Codelco emitió documentos tributarios en los que ese mismo material fue denominado “escoria de cobre”.

La empresa suiza sostiene que este cambio fue determinante para el pago posterior. “Con sólo 1 día de diferencia entre la celebración del Contrato CL.2T.339 y el Aviso de Anticipo de Pago dicha demandada hizo pasar lo que había reconocido era Polvo Convertidor por Escoria de Cobre”, se lee en la demanda. Además, asegura que “Codelco está al tanto de la relevancia de este documento, porque éste determinaba que recibiría un pago por enormes cantidades de dinero”.

La demanda también apunta a las inconsistencias en los análisis informados. Por ejemplo, en el aviso de anticipo de pago N°14.195, Codelco indicó un rango de concentración de cobre “entre 68% y un 24%”, lo que según la presentación equivale a un margen de 44 puntos porcentuales. Posteriormente, se emitieron nuevas facturas con concentraciones más acotadas. Según la demandante, Codelco fue advertida de esta diferencia. “Con fecha 11 de enero de 2023, Codelco recibió un correo electrónico del representante legal de CyM, quien le representó a la cuprífera que habían recibido un material cuya ley de cobre estaría en niveles de entre 28% y 30%, en circunstancias que se había facturado y pagado como si tuviera 68% de cobre”.

Werco sostiene que desembolsó anticipadamente US$ 24.401.962,22 por tres contratos en que compró material que —según afirma— no tenía las características informadas en los documentos. En todos los casos, los pagos se realizaron sobre la base de los antecedentes entregados por Codelco. “Werco debía confiar en los ensayos preliminares, denominación y valorización del material que haría Codelco, porque en función de dichos ensayos, denominación y valorización, debía realizar un pago provisional de varios millones de dólares a CyM”, la que transfería parte importante de dicha suma a Codelco. Werco es representada por el abogado José Miguel Gana, socio del estudio jurídico Gana y Urrutia Abogados.

Descargos

Desde Codelco explicaron a Pulso lo siguiente:

“Ante estas acusaciones, Codelco es enfática en señalar que toda la información emitida por la empresa ha cumplido rigurosamente con la normativa vigente y en casos en que existieron diferencias, fueron debidamente ajustadas con sus respectivos compradores directos, por lo que sus reclamos son absolutamente injustificados. Un punto fundamental es que la Corporación nunca ha mantenido relaciones contractuales directas con Werco por estos materiales, lo que cuestiona la legitimidad de la acción judicial”.

“Aunque la demanda ya fue ingresada a tribunales, Codelco aún no ha sido notificada. Sin embargo, manifestamos nuestra plena confianza en que, una vez analizados los antecedentes, la justicia chilena reconocerá la inconsistencia de los argumentos presentados por la demandante”.

Fuente/Pulso/LaTercera
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La operación minera del grupo Luksic ya cuenta con su Resolución de Calificación Ambiental (RCA), tras la publicación este martes del documento. Iván Arriagada, presidente ejecutivo de Antofagasta Minerals, destacó el trabajo coordinado con las autoridades y planteó que puede servir de “ejemplo” en el marco de la discusión sobre cómo acotar los tiempos de tramitación de permisos.

A sólo cuatro días hábiles del visto bueno otorgado por la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) emitió este martes la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto “Extensión de vida útil con transición hídrica-Compañía Minera Zaldívar”.

El documento, de 174 páginas, está firmado por la delegada presidencial de Coquimbo, Karen Behrens, y el director regional del SEA, Tomás Ballesteros. La publicación del documento se da en tiempo récord, ya que la entidad tenía plazo hasta el 29 de mayo para dar cumplimiento al trámite.

La noticia fue divulgada por el propio presidente ejecutivo de Antofagasta Minerals, Iván Arriagada, mientras lideraba la celebración de los 25 años de Minera Los Pelambres, en la Región de Coquimbo.

“Es muy bueno que se haya aprobado, hemos trabajado con el Servicio de Evaluación Ambiental yo creo de forma oportuna y profesionalmente, y creo que es un buen ejemplo -hoy día se habla de los permisos, creo que existe acuerdo en que tenemos que mejorar el sistema de permisos en el país- para tener como referente para los cambios que hay que hacer. Creo que ha sido muy positivo y una gran noticia para el grupo”, dijo el ejecutivo del brazo minero del grupo Luksic.

Arriagada destacó el trabajo coordinado “con las autoridades, los organismos técnicos y la comunidad”.

La minera estuvo a pocos días de tener que poner en marcha un plan de cierre para la operación minera, que emplea a cerca de 4.000 trabajadores.

La aprobación del proyecto, que permite extender el uso de aguas continentales durante tres años, es decir, sólo hasta 2028, también habilita la continuidad operacional del yacimiento ubicado en la Región de Antofagasta, hasta el año 2051.

Según detalla la publicación de la RCA, a la resolución le es aplicable recursos de reclamación que sean presentados ante el Comité de Ministros. Para ello, existe un plazo de 30 días contados desde que se notifica la publicación del permiso.

25 años de Los Pelambres

Antofagasta Minerals festejó este martes los 25 años desde que Los Pelambres comenzó a ser operada como una mina a rajo abierto. El yacimiento -donde el brazo minero de grupo Luksic controla el 60% de la propiedad, y el otro 40% es del consorcio japonés conformado por Nippon LP Resources BV (25%) y MM LP Holding (15%)- comenzó como una operación subterránea a pequeña escala. Su transformación hacia una operación a cielo abierto fue liderada por Andrónico Luksic Abaroa y su hijo, Jean-Paul, actualmente presidente del directorio de la minera.

Arriagada recordó que el proyecto “surgió de una idea que parecía imposible inicialmente. Fue una decisión de don Andrónico y sus hijos, liderada por el mismo Jean-Paul -a mí me tocaba conversarlo mucho con él, y fue bien arquitecto de Pelambres-, que lo llevó a comprometer todo su patrimonio para impulsar un proyecto de gran minería, algo que ninguna empresa de capitales chilenos había desarrollado hasta ese momento”.

El presidente ejecutivo de la minera además recordó que el impulso del proyecto se dio cuando “existían muchas dudas respecto del futuro del metal”, en medio una lenta demanda del commodity y cuando el precio del cobre no superaba los US$1 la libra. En esa línea, sostuvo que “la determinación de llevar adelante este yacimiento era, para muchos, una apuesta arriesgada”, por lo que destacó la apuesta de empresas japonesas por impulsar el proyecto

Actualmente, Los Pelambres es el cuarto mayor yacimiento de cobre de Chile y uno de los más grandes del mundo. Entre sus planes de crecimiento están la extensión de la vida útil, que busca prolongar las operaciones hasta 2051, ya que su permiso actualmente vigente vence en 2035. También está en marcha la adaptación operacional de la faena, que consiste en utilizar solamente agua desalada y dejar de ocupar agua del río Choapa para el año 2027.

Fuente/Pulso/LaTercera
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Por 10 votos y una abstención se aprobó informe que pidió «dejar sin efecto» la alianza el litio en el salar de Atacama y realizar una licitación internacional. Junto con criticar “la ausencia de auditorías técnicas y financieras independientes”, pidieron y fortalecer la transparencia, revisar la consulta indígena y un mayor resguardo de los intereses fiscales.

Tras un extenso trabajo desarrollado por un grupo transversal de diputados, la comisión investigadora aprobó las conclusiones y propuestas de un informe divulgado en las últimas horas de este lunes. En la jornada, por 10 votos a favor y una abstención, fue visado el informe de 45 páginas que comunicó el diputado Cristián Tapia (independiente PPD) y cuya principal recomendación fue “dejar sin efecto” el acuerdo entre Codelco y SQM para explotar litio en el salar de Atacama.

El informe -que planteó 23 recomendaciones y propuestas, recuerda que “en 2023, el Presidente Gabriel Boric lanzó la Política Nacional del Litio, iniciativa que fue ampliamente celebrada por la mayoría de los chilenos” y que a fines de ese año se firmó un memorándum de entendimiento entre Codelco y SQM.

“Esta situación sorprendió a muchos, ya que Corfo otorgó a Codelco un mandato para negociar con esta empresa privada sin informar previamente a las comisiones de Minería y Energía de ambas cámaras del Congreso, las cuales tienen el deber constitucional de fiscalizar al Ejecutivo para asegurar que la administración pública respete la ley y defienda los intereses de la nación”, dice el informe.

A lo largo del reporte, entregado por el diputado Tapia, consignó que “ante esta preocupación, citamos en varias oportunidades al presidente de Codelco, Máximo Pacheco, a la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados. Lamentablemente no nos convenció de que este negocio era lo mejor para el país producto de lo cual constituimos esta comisión investigadora”.

Negativa al pacto Codelco-SQM

La primera recomendación del reporte es “dejar sin efecto el acuerdo de asociación suscrito entre Codelco y SQM para la explotación del litio en el Salar de Atacama y la compra de la mina Salar Blanco en Maricunga” (…) “debido a la falta de transparencia que ha caracterizado todo el proceso de negociación, aprobación y socialización”.

El informe enfatiza que “el proceso se realizó sin entregar información clara, oportuna y suficiente al Congreso ni a la ciudadanía, omitiendo detalles esenciales sobre los criterios para descartar una licitación pública, los términos exactos de la negociación y los estudios comparativos que sustenten la conveniencia del acuerdo. Esta opacidad impidió que el Estado y la sociedad evaluaran si la asociación es realmente la mejor opción para maximizar los beneficios públicos”.

 El informe asegura que los cálculos que se usaron se fundaban en una proyección del precio de litio que estaban muy por sobre la proyección actual.

El informe asegura que “la negociación se llevó a cabo de manera reservada, sin que Codelco ni Corfo hayan informado aspectos básicos como la identidad de los representantes del interés fiscal y el rol de cada uno en el proceso” y que “no existen tampoco actas que den cuenta de dicha negociación, para poder analizar si se cumplieron con estándares legales exigibles a quienes intervinieron en representación del interés fiscal en este negocio”.

Las otras propuestas

A juicio del informe de la comisión, muchas de las gestiones realizadas por Codelco, Corfo y SQM han sido insuficientes. En particular su cuestiona “la ausencia de auditorías técnicas y financieras independientes, la falta de mecanismos efectivos de rendición de cuentas y la opacidad en la gestión de contratos refuerzan la necesidad de revertir el acuerdo”.

A la vez, plantean “ampliar y revisar la consulta indígena”, y que estiman que “se ha implementado de manera parcial y meramente formal, sin garantizar la participación real de las comunidades afectadas ni la transparencia en la distribución de beneficios”.

Un aspecto crucial que propone el grupo investigador que haya licitación internacional del contrato: “La forma de definir el privado que se va a asociar al Estado para explotar las pertenencias del Fisco en el salar de Atacama debe ser a partir de una licitación pública, abierta y transparente, que se adjudique a quien presente la mejor oferta social, ambiental y económica para el Estado de Chile”.

Advierten, además, que el acuerdo requiere aún la aprobación de autoridades regulatorias chinas y el término del proceso de Consulta Indígena, tras lo cual Corfo “debe aprobar el texto final de los contratos con los que se va a implementar el acuerdo”, por lo que, aseguran, “no estamos frente a un proceso que esté cerrado, sino que aún hay espacio para repensar la forma en que se van a explotar las pertenencias del Fisco”.

Los diputados también consideran que el Estado al evitar una licitación pública, “como mínimo” pierde unos US$6.700 millones. Y sentencian que “aún es tiempo de corregir esta decisión y asegurar que Chile obtenga una retribución justa por el litio del salar de Atacama.

El informe recomienda que Corfo resguarde que el contrato con SQM se cumpla de buena fe, sin causar un perjuicio indebido al interés fiscal. Y que el Estado, a través de Corfo y Codelco “deben exigir como requisito a SQM para participar en cualquier negociación o acuerdo, que se desista de las acciones que actualmente tiene en contra del Fisco, donde impugna el pago del Impuesto Específico Minero derivado de la explotación de litio en el Salar de Atacama”.

Se recomienda que el Estado, a través de Codelco y Corfo, aseguren una participación mayoritaria y control efectivo en la toma de decisiones y en la distribución de utilidades en la industria del litio.

También recomiendan una regulación de incentivos a la inversión privada en la industria del litio.

El comité parlamentario también propone rendición de cuentas ante el Congreso y la ciudadanía por parte de Codelco y Corfo; que exista más transparencia en contratos y subcontratos, donde los asociados al acuerdo con SQM deben ser públicos y estar sujetos a revisión por parte de organismos independientes.

Como punto final a sus propuestas, el grupo parlamentario propone “sanciones por incumplimiento y malas prácticas: se debe establecer un régimen de sanciones claras y efectivas para los funcionarios y directivos que incurran en prácticas opacas, oculten información o incumplan los estándares de transparencia y rendición de cuentas”.

Fuente/Pulso/LaTercera
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