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El nuevo camino que deberá recorrer Andes Iron para aprobar Dominga

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El proyecto minero portuario tendrá una nueva oportunidad. Ahora los esfuerzos se concentrarán en la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo, instancia que deberá ser convocada para votar la iniciativa. Los tiempos corren a favor de Dominga y, según estimaciones de abogados de la plaza, la resolución del nuevo Comité de Ministros no debería extenderse más allá de este año.


Finalmente, la incertidumbre terminó y un aire más tranquilo se respiró el viernes en las oficinas de Andes Iron, en Las Condes. Al mediodía, el presidente ejecutivo de la firma, Iván Garrido, y su equipo de abogados, liderados por el socio de Ferrada Nehme, Patricio Leyton, no disimulaban su alegría al conocer el fallo que el Tribunal Ambiental de Antofagasta finalmente publicó, una semana después del plazo legal autoimpuesto por el organismo ambiental.

“El fallo es contundente”, se escuchaba en los pasillos de la firma minera. Es que el tribunal, además de acoger todos los argumentos presentados por la compañía, ordenó retrotraer el proceso de aprobación ambiental de Dominga hasta la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo (Coeva), instancia que ahora deberá nuevamente votar y argumentar su postura respecto de la iniciativa.

Pero pese a las buenas noticias, en Andes Iron reinó la cautela por lo menos hasta las declaraciones de la ministra de Medio Ambiente, Marcela Cubillos, presidenta del nuevo Comité de Ministros, instancia que durante el año tendrá que pronunciarse sobre el proyecto Dominga. El mensaje fue claro: “El proceso se ajustará a derecho”, dijo la ministra, valiendo la sentencia del organismo judicial de Antofagasta que declaró como ilegal el actuar del Comité de Ministros que lideró el entonces ministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena, y donde se rechazó la iniciativa.

Es que los argumentos que redactó el ministro Marcelo Hernández en la sentencia hablan de los vicios que cometió el gobierno anterior, destacando que la instancia, que en ese entonces lideró Mena, actuó de manera “ilegal y arbitraria”.

Y fueron estos calificativos los que también le dieron cierto respiro al gobierno, donde la tarde del viernes también reinaba una suerte de tranquilidad. “El fallo es demasiado contundente contra el gobierno anterior, porque se vulneró el debido proceso. Se señaló que hubo vicios en la convocatoria de la citación a la sesión de agosto, los ministros no tuvieron tiempo de formarse una opinión clara sobre el proyecto y también hubo vicios en la fundamentación”, indicó una fuente del Ejecutivo.

Pero no solo los argumentos emitidos por el organismo le dieron tranquilidad al gobierno, sino también la decisión de que sean los servicios regionales los que deban pronunciarse sobre el proceso ambiental de Dominga. Es decir, una instancia técnica y no política. Es que con esa decisión, indican fuentes de gobierno, el Ejecutivo mantiene su rol de no interviniente en el proceso, acorde con la decisión de no participar en la conciliación que en marzo pasado propuso el mismo tribunal ambiental. “Se mantiene la coherencia, pues en ese momento se quiso tomar distancia y que fueran las partes directamente involucradas las que se entendieran. Y con esta decisión del tribunal ambiental, el gobierno sigue manteniendo su distancia”, indica la fuente.

Nueva votación

Y ahora comienzan a correr los tiempos y según estimaciones de abogados de la plaza, el camino que debe correr ahora Dominga no debería ser muy extenso. De hecho, se estima que a fin de año debería haber una “resolución a firme” por parte del nuevo Comité de Ministros.

Esto, explican las fuentes, porque es muy probable que la Corte Suprema rechace el recurso que presenten los ambientalistas (ver recuadro). “Nunca antes la Corte Suprema ha declarado admisible una casación de terceros”, dice un abogado de la plaza.

Y con ese punto despejado, solo quedará esperar que la autoridad ambiental cite a los servicios que integran el Coeva para emitir su votación. En esta instancia será relevante el criterio que tenga la convocatoria emitida por el servicio ambiental, sobre todo considerando que el tribunal ambiental acogió la falta de motivación que tuvo la instancia en marzo de 2017, al no fundamentar sus votaciones, y donde finalmente se rechazó lo propuesto por la autoridad a través del Informe Consolidado de Evaluación (ICE), documento que proponía aprobar el proyecto minero portuario.

Es por eso que el tribunal que preside Daniel Guevara hizo una expresa reflexión del rol de esta instancia, donde indica que el Coeva “debe aprobar o rechazar un proyecto sometido al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental solo en virtud del informe consolidado de evaluación en lo que dice relación con los aspectos normados en la legislación ambiental vigente y que el incumplimiento de esta exigencia es un vicio esencial”.

Un mensaje en esa línea también dio Marcela Cubillos, quien indicó en un comunicado que “el tribunal ha fallado y ha ordenado que se proceda a una nueva votación por parte de la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo, está vez ajustada a derecho”.

Y para potenciar este punto, el Tribunal Ambiental de Antofagasta recomendó en su sentencia “potenciar la formación, capacitación y desempeño” de los miembros de la comisión, “entiendo que es un espacio reglado y estratégico para el desarrollo y el resguardo ambiental de los territorios y sus comunidades”, dice el documento.

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Otra recomendación que hace el organismo del norte es que la autoridad ambiental haga una “interpretación oficial y acertada del ordenamiento jurídico acerca del alcance de las competencias sobre el medioambiente marino”. Esto, en relación a las críticas que han recibido algunos proyectos de inversión sobre el diseño de la línea de base marítima. “Se evidencia una contienda o falta de claridad de competencia entre organismos del Estado, en particular las concernientes al medioambiente marino y el actuar de la Corporación Nacional Forestal”, dice el fallo del organismo judicial.

Pero qué pasará cuando Dominga llegue nuevamente a ser visto por el Comité de Ministros. Las fuentes consultadas indican que no debería haber mayores sorpresas, pues el tribunal dejó claro que la instancia ministerial “incurrió en un error” al acoger las observaciones ciudadanas, pues estas ya fueron analizadas en el proceso de Participación Ciudadana (PAC) de Dominga, y donde la decisión final fue el rechazo del proyecto.

“Esto implica que los terceros no deberían recurrir nuevamente al Tribunal Ambiental con reclamaciones que ya fueron analizadas. Con estos argumentos, el tribunal cerró la puerta a la posibilidad de caer en un círculo vicioso y judicializar nuevamente el proceso”, dice un abogado experto en derecho ambiental.

Nuevas mitigaciones

Para Andes Iron también es favorable llegar hasta la Región de Coquimbo para aprobar su proyecto. Esto, porque en la mesa donde estarán los seremis de Medio Ambiente, Salud, Economía, Energía, Obras Públicas, Agricultura, Vivienda, Transporte, Minería y Desarrollo Social, también abre la oportunidad para que la compañía ingrese nuevas medidas de mitigación.

Una de ellas es la instalación de la Casa de Mar, propuesta planteada por la propia Dominga en la reclamación que la empresa presentó ante el Comité de Ministros el año pasado y donde se realizarán investigaciones ambientales relativas al ecosistema de bahías de Coquimbo.

También podrían analizarse otras medidas adicionales que hagan viable el proyecto, las que se podrían conversar con los servicios que integran la comisión ambiental.

“Dominga no solo necesita tener la aprobación ambiental del proyecto, sino que también la aprobación social, por eso es probable que haga algunos gestos en esa línea”, señala un actor del sector judicial.


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Royalty minero recaudó más de US$1.550 millones en su primer año de vigencia y tres mineras concentran el 90% de los pagos

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La cifra global de 2024 arrojó una recaudación mayor a la proyectada por el propio Ejecutivo. Las operaciones de Escondida, Collahuasi y Los Pelambres explicaron por sí solas US$1.398 millones en pagos de acuerdo a la nueva legislación, reafirmando la dependencia fiscal del Estado en un grupo reducido de faenas mineras, altamente rentables.


Una recaudación mayor a la proyectada consiguió durante 2024 la aplicación del nuevo royalty minero, en su primer año de vigencia. Si el Ejecutivo estimaba que el cobro tributario específico, aprobado en agosto de 2023, recaudaría en torno a US$1.350 millones en régimen, lo cierto es que la cifra del primer año de aplicación arrojó un número superior a ese. Al menos así lo revela un análisis realizado por la consultora 1st Quartil Mining, a los balances de la mineras que informaron a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) en sus estados de resultados los pagos relacionados con este y otros impuestos.

Así, de acuerdo con sus cálculos, el royalty minero generó una recaudación superior a los US$1.550 millones, considerando las trece principales operaciones mineras del país (ver gráfico), de un total de 34 sociedades afectas al régimen específico. Las cifras revisadas por la consultora no consideran el impuesto ad valorem correspondiente al 1% de los ingresos por ventas de cobre. El ejercicio fue liderado por el director ejecutivo de la entidad, Claudio Valencia.

Del total contabilizado, sólo tres operaciones concentran el 90% de los pagos: Minera Escondida, el mayor yacimiento de cobre del mundo operado por BHP -que cuenta con el 57,5% de la propiedad-, aportó con US$839 millones, siendo el mayor de los pagos en toda la industria minera del cobre y explicando el 54% del total. La cifra, neta de otros beneficios de los impuestos a las ganancias, es sólo una parte de los tributos totales que pagó la minera en el ejercicio pasado, que alcanzaron los US$ 2.371 millones, incluyendo los impuestos a la renta, donde las mineras pagan el mismo 27% corporativo que el resto de la industria.

Sin embargo, la reconciliación de la tasa de impuesto efectivamente pagada por Escondida arroja una cifra aún mayor: US$969 millones por concepto de royalty minero. Según detallan los propios balances de la compañía, el monto se compara con el pago por US$226 millones realizado durante 2023 por concepto del Impuesto Específico a la Actividad Minera (IEAM), que regía en ese entonces.

La aplicación del nuevo royalty minero hizo que para la principal operación productiva de cobre del país la tasa aplicada en gravámenes específicos saltara desde el 5,75% en 2023, al 17,11% en 2024.

Cabe recordar que el nuevo esquema tributario del sector pasó de gravar el resultado operacional de las mineras en una escala de tasas que rondaba entre 5% y 14%, a aplicar una escala de impuesto sobre el nivel de la producción de cada firma. De esta forma, aquellas firmas que producen menos de 50 mil toneladas anuales pagan entre un 0,4% y un 4,4%, mientras que aquellos productores que superen dicho nivel y más de la mitad de ella corresponda a cobre, pagarán un componente ad valorem de 1%, y además una tasa progresiva que va de 8% a 26% del margen operacional minero.

Escondida produjo en el ejercicio pasado un total de 1.241 mil toneladas de cobre fino, un 16% superior a lo visto en 2023. En dicho período, las utilidades de la minera alcanzaron los US$3.290 millones, El nuevo esquema tributario hizo que la minera anotara un aumento de 61% en el pago de impuestos, en comparación al mismo periodo de 2023.

El segundo actor que más contribuyó con los pagos contabilizados por 1st Quartil Mining fue Collahuasi, con aportes por US$363 millones. La operación, controlada por el joint venture entre Anglo American y Glencore, donde cada una cuenta con el 44% de la propiedad, y consorcio Japan Collahuasi Resources, el 12% restante, informó en sus balances que la tasa impositiva en 2024 alcanzó el 14,4%, versus el 6,7% visto en 2023, año en que pagó US$152 millones por el IEAM.

El resultado pasó por las 558 mil toneladas en producción de cobre que reportó la operación durante el ejercicio, lo que le permitió obtener utilidades por US$1.542,9 millones, y un reconocimiento por concepto de impuestos de US$969,9 millones.

En los documentos enviados por la minera a la CMF, habla de US$383,3 millones por concepto del royalty minero, calculado sobre la renta imponible operacional. A ello suma US$44,1 millones correspondientes al componente ad valorem calculado sobre las ventas.

El total, dice la propia compañía, asciende a los US$427,4 millones en reconocimientos por concepto de royalty minero.

El tercer actor que completa el listado de mineras que más pagan royalty es Los Pelambres, donde el grupo Luksic tiene el 60% de la propiedad, y un consorcio japonés, el 40% restante. Según la consultora, los aportes por royalty minero de Pelambres fue de US$196 millones en 2024. El cargo se compara con los US$86 millones pagados por la minera en 2023 por concepto del IEAM.

Según detallan los estados de resultados de Pelambres, la tasa aplicada para el cálculo del gravamen de la minera fue de un 12,73%, versus el 6,3% que se le aplicó con la legislación tributaria anterior.

Impacto en la competitividad

La mayor parte del resto de las operaciones mineras de cobre privadas realizaron aportes significativamente menores, incluso con montos inferiores a los US$ 70 millones. Además, varias de ellas no registraron pagos, como Spence, de BHP, dada la invariabilidad tributaria con la que cuenta dicha operación hasta 2032. En el grupo de las mineras que tampoco registraron pagos de royalty minero, también se encuentra Quebrada Blanca, controlada en un 60% por la canadiense Teck, un 30% de Sumitomo y el 10% que Codelco compró a Enami en 2024. La minera informó pérdidas por US$779 millones en 2024.

En el análisis de Valencia, los resultados muestran además de la concentración del 90% de los pagos en tres actores, un impacto en la competitividad del sector.

“Desde una perspectiva de mediano y largo plazo, el impacto del royalty en la competitividad de la industria minera nacional y el atractivo para la inversión debe ser siempre monitoreado y comparado frente a otros distritos mineros. Es fundamental para resguardar la competitividad, sostenibilidad y atractivo del país como destino de inversión minera”, indicó.

También, apuntó a la preocupación que sus clientes le han expresado por el correcto uso de los recursos.

”Un uso adecuado de estos fondos permite mejorar la calidad de vida de las comunidades y fomentar un desarrollo económico más diversificado y sostenible. Cuando la ciudadanía percibe beneficios concretos en su entorno, se fortalece la legitimidad social de la minería y se reduce la conflictividad. Por el contrario, la falta de planificación, control o transparencia en la asignación de estos recursos puede traducirse en malgasto, clientelismo o pérdida de confianza en las instituciones. Por ello, una gestión eficaz y estratégica del royalty no solo es una obligación ética, sino también una condición para asegurar el desarrollo armónico de los territorios mineros y la continuidad de la actividad extractiva con respaldo social”, agregó.

 



Fuente/Pulso/LaTercera
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Una mujer liderará directorio de SQM

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De forma sorpresiva para el mercado, SQM informo la renuncia sorpresiva del presidente y vicepresidente de su directorio, Gonzalo Guerrero y Patricio Contesse F., respectivamente.

Asimismo, por primera vez en su historia, el mayor productor de litio del mundo pasará a ser liderado por una mujer


A través de un hecho esencial la compañía comunicó la renuncia del actual presidente y vicepresidente de su directorio y el nombre de quien presidirá la instancia.

SQM informó este martes la renuncia del presidente y vicepresidente de su directorio, Gonzalo Guerrero y Patricio Contesse, respectivamente. Asimismo, por primera vez en su historia el mayor productor de litio del mundo pasará a ser liderado por una mujer, Gina Ocqueteau.

Según reportó la compañía a través de un hecho esencial presentado a la Comisión para el Mercado Financiero, ambos ejecutivos presentaron su dimisión a los cargos pero mantendrán otros roles dentro del mismo directorio.

El directorio reunido en sesión ordinaria, eligió a la directora Gina Ocqueteau como presidenta, mientras que Gonzalo Guerrero pasó al cargo de vicepresidente. Por su parte, Patricio Contesse, se mantendrá como director de la minera.

El cambio del gobierno corporativo de la firma respondería a una política interna que ha llevado adelante SQM desde la salida de su histórico presidente Julio Ponce Lerou tras 28 años y que contempla la renovación de los altos mandos del directorio cada tres años.

La primera mujer presidenta

Enfermera de la Universidad de Chile con un MBA de ESADE Bussiness School, Gina Ocqueteau se desempeñaba desde abril de 2022 como directora independiente de SQM por la serie A, tras ser postulada por el Grupo Pampa Çalichera (que elige 3 de los 8 integrantes del directorio).

A lo largo de su carrera se ha destacado por ocupar distintas gerencias de la ACHS, asi como su participación en una serie de directorios de distintas compañías. En la vereda pública, integró el Consejo Asesor del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género en 2021.

De acuerdo a la página web de SQM, actualmente es la Directora de la Cámara de Comercio Asia Pacífico y Fundación Marca Chile, consejera de Chile Mujeres, docente de BOW Mujeres Empresarias, cofundadora de Unión Emprendedora, socia fundadora de CrossCheck y gerenta general de Waygroup Chile. También es directora de Enel Chile desde abril de este año.

 



Fuente/Diario Financiero
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Gobierno cierra misión en Bruselas con acuerdos estratégicos para fortalecer estrategia de minerales críticos

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Ministra Aurora Williams encabeza misión sobre minerales críticos en Bruselas para fortalecer alianza estratégica con la Unión Europea

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Codelco acuerda términos y condiciones con BHP para la exploración de su pertenencia “Anillo”

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