Noticia País
Catastro de inversiones de Sofofa cae al menor nivel desde 2012
Un 5,2% bajaron las inversiones catastradas para los próximos cinco años (y posteriores) al cierre de 2016, alcanzando un monto de US$ 164.137 millones. Entre las complicaciones detectadas por el gremio industrial para llevar adelante las iniciativas, destacó la judicialización que sufren los proyectos, ineficiencias de la regulación ambiental y normas específicas del Convenio 169 de la OIT.
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Desde una perspectiva histórica, los proyectos de inversión en Chile han retrocedido hasta llegar a niveles de 2012, luego de anotar su tercera caída consecutiva en 2016 (-5,2%), lo que en montos implica US$ 9.072 millones menos de inversión frente al cierre de 2015. Es la información que levantó la Sociedad de Fomento Fabril en su catastro de proyectos de inversión del presente año, que tomando nota de las iniciativas que se ejecutarán entre 2017 y 2021 (y posteriores) sumaron US$ 164.137 millones, ligado a 727 proyectos.
De acuerdo al análisis realizado por la Gerencia de Políticas Públicas y de Desarrollo de Sofofa, solo en el quinquenio 2017-2021 se invertirían US$ 115.948 millones, siendo 2018 el año con mayor injerencia sobre el total estimado, considerando US$ 34.749 millones, asociado a 286 proyectos. Así, coincidiendo con el panorama anticipado tanto por el sector privado como por el Banco Central, el siguiente año viviría una relevante recuperación en concepto de inversiones. El catastro del gremio fabril, al menos, prevé un alza de 187% en 2018 respecto de 2017, lo que estaría en línea con una relevante inversión del sector energético, que alcanza una proyección de US$ 25.131 millones, un incremento de 72% del total para el siguiente ejercicio.
En detalle, el análisis arroja que “se estima que ingresen a la matriz energética 30.411 MW de potencia bruta (el siguiente quinquenio), siendo el año 2018 el de mayor contribución, con 10.260 MW. De esta cantidad, 4.243 MW corresponderán a centrales de tipo eólicas”. En tanto, la energía solar sumará 3.405 MW, por lo que la potencia bruta que ingresará al sistema SIC-Sing de parte de ambas fuentes alcanzará casi el 75% del total generado en 2018.
Principales iniciativas de inversión
Entre los cinco proyectos más relevantes a futuro, las empresas mineras dominaron el ranking, sumando US$ 26.768 millones. En primer lugar, se ubicó la División Radomiro Tomic de Codelco, cuya inversión por ejecutar sumó US$ 5.400 millones, seguido por Minera Quebrada Blanca, también por ejecutar, considerando US$ 5.000 millones. División El Teniente de Codelco, que se encuentra en fase de construcción, registra una proyección de US$ 4.565 millones en inversiones. Minera Centinela, por su parte, alcanzó un monto de US$ 4.350 millones, y Minera Corredor anotó US$ 3.900 millones. En el sexto lugar aparece el proyecto energético de Iberoeólica Atacama, que llegó a US$ 3.000 millones (por ejecutar), en tanto que el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones se anotó con el Puerto a Gran Escala (inversión potencial), que llegaría a los US$ 3.000 millones.
Proyectos detenidos
Además de la inversión activa analizada, el documento de Sofofa detectó las obras detenidas por “diversos obstáculos”, reconociendo 43 iniciativas valoradas en US$ 57.870 millones. Con todo, esto significó una baja de 17,9% respecto de los montos “detenidos” analizados en diciembre de 2015. Según señaló el informe, “más del 50% de estos proyectos de inversión fueron aprobados en el Sistema de Evaluación Ambiental (SEA), siendo en la mayoría de los casos factores ‘externos’ los causantes de esta condición”. Entre estos, mencionó la creciente judicialización de proyectos, la regulación ambiental y la “incerteza jurídica, con la implementación de normas específicas, como el Convenio 169 de la OIT”.
Desde la perspectiva de la categoría, 11 proyectos se identificaron como “postergados”, llegando a US$ 20.030 millones, un 35% de la inversión detenida (y una baja de 36,6% respecto de 2015 en la misma categoría). En tanto, los proyectos paralizados sumaron US$ 19.748 millones, referidos a 11 iniciativas. En este caso, la variación es del 30,7% respecto del cierre de2015. Finalmente, los proyectos desistidos llegaron a 21, implicando US$ 18.091 millones, un relevante alza de 74,5% frente al dato de 2015.
Los proyectos detenidos
Minera Doña Inés de Collahuasi es el principal proyecto detenido reconocido por Sofofa, con una inversión de US$ 6.500 millones, que fue postergado el 2012 por una decisión interna. Luego, con US$ 6.000 millones detenidos en base a una judicialización se encuentra Minera Cerro Casale, inversión postergada desde 2011. En tercer lugar se ubicó el proyecto energético de CGX Castilla Generación (US$ 5.000), ya desistido en 2010, luego de haber entrado en proceso de judicialización. Más reciente, y en cuarto lugar, están los US$ 5.000 millones del proyecto minero de El Abra (51% Freeport Mcmoran-49% Codelco), el que espera “mejores condiciones para retomar sus estudios técnicos”. Haciendo especial hincapié en esta iniciativa detenida desde 2015, el catastro de Sofofa señala que “en 2016 se reactivaron los estudios de factibilidad sobre el potencial para una expansión mayor de esa propiedad, pero el proyecto avanzará sólo cuando las condiciones del mercado lo permitan”.
Entre otros, el estudio también destacó la detención de la inversión en “Mapa (Modernización Ampliación Planta Arauco) de la empresa Celulosa Arauco y Constitución”, iniciativa que implica US$ 2.500 millones en inversión, si bien destacó que “a mayo de 2017, la Tercera Sala de la Corte Suprema rechazó los recursos de casación de las comunidades indígenas en contra del proyecto, dando luz verde a su materialización”.
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Fuente:LaTercera www.chilemineria.cl
Por Jacquelin Hormazábal, académica de Psicología UNAB.
Hablar de salud mental es cada vez más común, sin embargo, raramente mencionamos algo tan básico como el dormir bién. Vivimos en una época donde descansar pareciera ser un lujo, y quedarse despierto/a hasta tarde trabajando o mirando el celular se celebra como un signo de compromiso y productividad. Desde la Psicología sabemos que un sueño reparador es uno de los pilares fundamentales para el bienestar emocional y mental.
En el marco del Día Internacional del Sueño, que se conmemora un 13 de marzo, es prudente señalar que dormir bien no es solo “no estar cansado”, es un proceso biológico esencial en el que el cerebro limpia información innecesaria, organiza recuerdos y regula nuestras emociones.
Durante el sueño profundo, especialmente en sus fases REM y no REM, se activan mecanismos que depuran la información acumulada durante el día. Este procesamiento nocturno actúa como una especie de “higiene mental”, permitiéndonos integrar aprendizajes, gestionar el estrés y estabilizar el estado de ánimo. Las personas que duermen mal presentan mayor irritabilidad, dificultad para concentrarse y una menor tolerancia a la frustración, síntomas que, sostenidos en el tiempo, pueden abrir la puerta a trastornos afectivos y ansiosos.
Desde la terapia psicológica, también observamos cómo el insomnio puede ser tanto un síntoma como una causa. Las preocupaciones, el exceso de pensamiento rumiativo o una hiperactivación emocional suelen alterar el ciclo circadiano, pero, a su vez, la falta de descanso agrava la vulnerabilidad emocional, generando un círculo difícil de romper.
Por ello, intervenir en los hábitos de sueño —a través de la psicoeducación, la higiene del sueño y la regulación emocional— constituye una herramienta terapéutica de primer orden.
Dormir bien no es solo cerrar los ojos. Implica establecer una rutina estable, desconectarse de pantallas, respetar nuestros ritmos internos y concederse el derecho a descansar sin culpa. En tiempos donde el cansancio se normaliza y la ansiedad se multiplica, reivindicar el sueño como acto de autocuidado es, paradójicamente, una forma de resistencia psicológica. Quizás la próxima revolución por la salud mental comience, simplemente, por volver a dormir bien.
Columna de Opinión/Jacquelin Hormazábal, académica de Psicología UNAB. Chile Minería www.chilemineria.cl www.facebook.com/chilemineria.cl/ twitter.com/CHILEMINERIA www.instagram.com/chilemineria #chileminería, #minería, #energía,#cobre,#centrocesco, #negocios,#aprimin
Por Cristián Quinzio, presidente del directorio de CESCO
El inicio de un nuevo año siempre invita a mirar el futuro con perspectiva. En el caso de la minería chilena, esa mirada no puede ser neutra ni complaciente: estamos frente a una industria que sigue siendo estratégica para el desarrollo del país, pero que enfrenta desafíos estructurales que exigen decisiones oportunas, visión de largo plazo y una conversación pública mejor informada.
Chile llega a este nuevo ciclo con fortalezas indiscutidas. Lideramos la producción mundial de cobre, contamos con décadas de experiencia minera, capacidades técnicas reconocidas a nivel internacional y un rol insustituible en la transición energética global. Sin embargo, ese liderazgo no es automático ni garantizado. Competimos en un escenario global cada vez más exigente, donde la inversión es móvil, los estándares ambientales y sociales son más altos, y la certeza regulatoria se ha vuelto un factor decisivo.
En este contexto, desde CESCO hemos insistido en la necesidad de pasar del diagnóstico a la acción. Las 21 Propuestas para una minería competitiva y sostenible, elaboradas a partir del diálogo con actores públicos y privados, buscan precisamente contribuir a ese tránsito. No se trata de un listado técnico ni de una agenda sectorial cerrada, sino de una hoja de ruta que aborda temas claves para el futuro de la minería chilena: el fortalecimiento institucional, una simplificación de los procesos de permisos, la atracción de inversión en exploración, el desarrollo de capital humano, la innovación tecnológica, la relación con los territorios y la inserción de Chile en las cadenas de valor globales.
Estas propuestas nacen de una convicción profunda. La minería puede y debe seguir siendo un motor de crecimiento económico, pero también un espacio de transformación productiva, social y ambiental. Una minería que genera valor no solo a partir de sus recursos naturales, sino también desde el conocimiento, la colaboración y la confianza.
El año que comienza se abre además bajo una nueva administración, lo que representa una oportunidad relevante para renovar acuerdos, alinear prioridades y avanzar en políticas públicas que otorguen señales claras al sector. El desafío es compartido, que es construir un marco que permita destrabar proyectos, acelerar inversiones y, al mismo tiempo, elevar los estándares de sostenibilidad y participación. La minería requiere reglas claras, instituciones sólidas y una visión país que entienda su rol estratégico en el desarrollo de Chile.
Desde CESCO seguiremos aportando evidencia, análisis y espacios de diálogo para enriquecer esta conversación. Nuestro compromiso es contribuir a una minería que no solo responda a las demandas del presente, sino que se prepare activamente para los desafíos del mañana.
Porque una minería que transforma es, en definitiva, una minería que piensa el futuro del país.
Fuente/ Cristián Quinzio, presidente del directorio de CESCO/CESCO
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Por: Patricio Cartagena D.
Presidente del Centro de Arbitraje y Mediación Minero, CAMMIN
Abogado, Ex Director Nacional Sernageomin.
Los primeros 100 días de un nuevo gobierno no están llamados a agotar la acción pública, sino a ordenar prioridades, fijar rumbo e ingresar los proyectos de ley que estructurarán el ciclo político. La noción de los primeros 100 días no es una consigna comunicacional: es una tradición política consolidada desde la experiencia histórica del New Deal de 1933, entendida como la ventana inicial para demostrar conducción, control de agenda y capacidad real de impulsar reformas estructurales.
En esa lógica, la señal más relevante en esta etapa no es la ejecución inmediata, sino la decisión política de ingresar iniciativas legislativas bien diseñadas, con diagnóstico compartido y alta viabilidad de tramitación. La pequeña y mediana minería (PM y MM) cumplen plenamente con esos criterios. Se trata de un sector con legitimidad histórica, fuerte anclaje territorial y un consenso político transversal en el Congreso.
En ese contexto, esta columna busca aportar insumos técnicos y propuestas concretas para la construcción de una agenda minera del próximo ciclo de gobierno, un ámbito que hasta ahora ha tenido escasa explicitación pública, pese a su relevancia estratégica para el desarrollo productivo y territorial del país.
Estas propuestas resultan particularmente oportunas en un escenario de precios del cobre y balance de mercado estructuralmente favorables para los próximos años, lo que abre una ventana concreta para mejorar la captura de valor de la PM y MM, aumentar producción efectiva, formalizar actividad y maximizar el retorno económico y fiscal del ciclo minero. No actuar a tiempo implica, simplemente, dejar pasar renta minera disponible por falta de adecuación institucional y normativa.
- Ley Marco de Fomento Productivo para la PM y MM
La primera iniciativa debiera ser el ingreso de una Ley Marco habilitante de Fomento Productivo para la Pequeña y Mediana Minería, orientada a rediseñar de manera estructural la relación del Estado con este sector.
No se trata de una ley de beneficios puntuales ni de subsidios coyunturales, sino de un marco jurídico que ordene y articule financiamiento, regulación proporcional (permisos y autorizaciones), sostenibilidad ambiental, desarrollo territorial y fomento productivo bajo una sola arquitectura normativa. En términos de política pública, supone transitar desde una aproximación fragmentada y asistencial hacia una relación estratégica, coherente y permanente entre el Estado y la PM y MM.
Por su carácter habilitante, esta Ley Marco debe preceder las reformas institucionales específicas, particularmente la reforma al gobierno corporativo de ENAMI actualmente en tramitación. Definir primero el modelo y luego ajustar las instituciones no es solo una opción técnica, sino una regla básica de buena gobernanza.
- Modificar el régimen de patente rebajada por trabajo efectivo de la Ley N°21.420
Una segunda iniciativa legislativa prioritaria es perfeccionar el régimen de amparo y patente rebajada por trabajo efectivo introducido por la Ley N°21.420, con el objeto de ampliar su cobertura y simplificar sustantivamente su aplicación. Si bien el principio del amparo por actividad minera va en la dirección correcta, su diseño actual introduce exclusiones y sobrecargas injustificadas para actores que operan en la misma escala productiva, en gran medida por exigencias formales y por un nivel de discrecionalidad administrativa que no se condice con la naturaleza del instrumento.
La corrección propuesta es directa: transitar hacia un sistema de acreditación objetiva de la condición de productor de baja escala, basado en criterios simples y verificables —como la inscripción en los padrones de proveedores de ENAMI u otros registros equivalentes—, evitando la evaluación caso a caso de proyectos y faenas por parte de Sernageomin. Este ajuste permitiría alinear la norma con su finalidad original: incentivar la explotación efectiva de las concesiones, reducir la especulación, otorgar certeza regulatoria a la pequeña y mediana minería y favorecer la inversión productiva y el empleo local, sin alterar el equilibrio fiscal de la medida.
- Modificar la Ley N°19.719 para modernizar la patente minera especial
Como complemento inmediato, resulta necesario ingresar una modificación a la Ley N°19.719, que regula la patente minera especial para pequeños mineros y mineros artesanales, hoy claramente desalineada con la realidad productiva del sector.
La propuesta es directa y razonable: ampliar los límites de superficie (hoy limitada el beneficio a 50 y 100 hectáreas), actualizar los criterios de elegibilidad y extender el beneficio a las formas societarias efectivamente utilizadas por la PM y Minería Artesanal en la actualidad. Esta corrección normativa permitiría mejorar la formalización, reforzar el trabajo efectivo y devolverle sentido a un instrumento que hoy presenta un impacto marginal.
- Modernizar la Ley N°19.137 para liberar propiedad minera ociosa
Finalmente, una medida de alto impacto territorial y bajo costo fiscal es ingresar una modificación a la Ley N°19.137, con el objeto de simplificar y hacer efectiva la liberación de pertenencias mineras no explotadas de Codelco hacia ENAMI y, a través de esta, hacia la pequeña minería, en forma obligatoria y sujeta a indicadores de cumplimiento.
Reducir cargas administrativas innecesarias, radicar decisiones en los directorios de las empresas públicas y dotar a ENAMI de un mandato claro para facilitar el acceso real de la PM y MM a estos activos, incluso mediante esquemas de transferencia condicionada o asociatividad productiva, permitiría activar inversión local y exploración vía explotación utilizando recursos ya disponibles del Estado.
Liderazgo para convertir diagnóstico en acción
Estas cuatro iniciativas no parten de cero. Existen diagnósticos, análisis técnicos y propuestas desarrolladas desde el ámbito gremial y académico. El desafío ya no es conceptual ni regulatorio, sino político y estratégico: traccionar esta agenda con liderazgo, decisión y una adecuada secuencia legislativa.
Ingresar estos proyectos de ley en los primeros 100 días permitiría aprovechar un consenso transversal, capturar valor en un ciclo de precios favorable y ordenar la relación del Estado con un sector clave para el desarrollo territorial.
La pequeña y mediana minería requieren decisiones oportunas, bien diseñadas y ejecutadas con sentido de Estado. El momento político ofrece esa oportunidad.
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Con la certificación entregada por la London Bullion Market Association (LBMA) a la Planta Recuperadora de Metales (PRM) —joint venture entre la empresa coreana LS-MnM (66%) y Codelco (34%)— los lingotes de plata de Codelco son los únicos acreditados en Chile, lo que garantiza altos estándares en su producción y ventajas comerciales para alcanzar mejores precios.
Los lingotes de plata que Codelco obtiene como subproducto del cobre y que se producen en la Planta Recuperadora de Metales (PRM) —joint venture entre la empresa coreana LS-MnM (66%) y Codelco (34%)—, obtuvieron la certificación Good Delivery que promueve la London Bullion Market Association (LBMA), el estándar más exigente para metales preciosos a nivel global.
Con esto, las barras de plata de Codelco son las primeras del país en acreditarse bajo este estándar y posicionan a la compañía dentro del club internacional de las productoras de plata más relevantes, junto a marcas como Peñoles (México), KGHM (Polonia) y Aurubis (Alemania).
En concreto, esta certificación garantiza que la plata que produce la Corporación, unas 200 toneladas anuales en la actualidad, cumple con los más altos estándares de pureza (99,99%), calidad física y trazabilidad responsable, permitiendo vender a bancos globales e inversionistas institucionales con ventajas comerciales significativas, incluyendo premios sobre el precio base frente a productos no certificados.
Lo que hace LBMA es publicar una lista de productores Good Delivery (o de “buenas entregas”) en oro y plata, que ahora alcanza las 84 plantas refinadoras en el caso de la plata y 66 en el caso del oro. Codelco no puede acceder a certificar su oro, dada su baja producción, ya que la LBMA sólo certifica empresas con producción mayor a 10 toneladas y Codelco produce cerca de dos toneladas anuales.
“Esta certificación para nuestra plata no sólo nos integra a un selecto grupo global, sino que también afianza nuestro compromiso con una producción de excelencia, con más transparencia en su operación y releva nuestro liderazgo en la industria minera consolidándonos como un actor líder en valor agregado y sustentabilidad”, destacó Braim Chiple, vicepresidente de Comercialización de Codelco. Recordó que los metales preciosos que Codelco comercializa los obtiene como subproducto de los barros anódicos o residuos que quedan tras el paso del mineral por las refinerías.
Describió que el contexto actual del mercado de la plata refuerza la relevancia de este hito: en 2025 el precio de la plata creció casi 150% a nivel internacional —hoy se cotiza en torno a los US$ 75 la onza troy— dado que es considerado un activo refugio ante la incertidumbre global y además ha crecido su demanda industrial, asociada a electromovilidad, energías renovables y tecnologías digitales. “Esta combinación ha convertido a la plata en un metal estratégico, y Codelco está preparado para atender esa demanda con un producto certificado y competitivo”, relevó el ejecutivo.
El proceso de acreditación
El joint venture PRM opera desde 2016 a través de una planta instalada en Mejillones. Allí se maquilan los barros anódicos provenientes de las refinerías Chuquicamata, Ventanas y Potrerillos (Salvador). En el caso del oro y la plata son devueltos a Codelco que los comercializa directamente, mientras que otros metales como paladio, platino y selenio, los vende PRM y luego transfiere a la compañía parte del valor.
Para obtener la certificación PRM debió esperar varios años debido a que la LBMA exige que las refinerías de metales preciosos operen por lo menos cuatro años antes de buscar la acreditación, tiempo que se cumplió justo en momentos en que surgió la pandemia, lo que hizo postergar el proceso, que se retomó hace poco más de dos años.
Angelo Rabagliati, gerente de Comercialización de Subproductos de Codelco, cuenta que el proceso de certificación consideró varias etapas con reiteradas visitas a las instalaciones y exhaustivos procedimientos de pruebas a cargo de especialistas de la LBMA. “Entre estos procedimientos se llevaron a cabo varias inspecciones en terreno, verificación de documentos de proveedores y pruebas físicas. Nuestras barras de plata fueron examinadas y evaluadas por árbitros independientes, que revisaron muchos detalles, como la dimensión, superficie, apilamiento y pruebas químicas de pureza”, describió.
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Crecimiento
Autoridad ambiental aprueba de manera unánime el proyecto que extiende la vida útil de la División Ministro Hales hasta 2054
La iniciativa involucró la Consulta a Pueblos Indígenas más grande en la historia del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Involucrará una inversión de US$2.800 millones y elevará la producción de la división a 200 mil toneladas anuales, desde las actuales 170 mil toneladas.
La Comisión de Evaluación Ambiental (COEVA) de la Región de Antofagasta aprobó de manera unánime el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto “Desarrollo Futuro División Ministro Hales (DMH)”, que permitirá extender la operación de ese yacimiento desde 2026 hasta 2054, con una inversión de US$2.800 millones.
Entre los hitos más relevantes del proceso de evaluación destaca la Consulta a Pueblos Indígenas más grande en la historia del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), que involucró a 46 Grupos Humanos Pertenecientes a Pueblos Indígenas (GHPPI). Este proceso de diálogo permitió incorporar mejoras sustantivas en el diseño del proyecto y beneficios a la calidad de vida de los habitantes de Calama.
DMH es la más joven de las divisiones de Codelco. Comenzó a operar en 2013, produce actualmente cerca de 170 mil toneladas anuales de cobre fino y emplea a casi cuatro mil personas entre trabajadores propios y contratistas. Con la aprobación de este proyecto, la operación incrementará su capacidad de extracción desde 500 mil toneladas por día (ktpd) a 550 ktpd y el procesamiento se elevará desde 57 ktpd a 65 ktpd, para alcanzar una producción aproximada de 200 mil toneladas de cobre fino anuales. El proyecto utilizará exclusivamente agua desalada o de terceros autorizados, reforzando el compromiso de Codelco con la sustentabilidad.
“Esta aprobación es una señal clara del compromiso de Codelco con la minería responsable y con el desarrollo sustentable del país. Ministro Hales es una operación estratégica y su continuidad asegura empleo, inversión y valor para Chile”, comentó Rubén Alvarado, presidente ejecutivo de Codelco.
Mientras que el gerente general (I) de DMH, César Jiménez, destacó el trabajo desplegado desde que ingresó el proyecto al SEIA en agosto de 2023. “Hemos trabajado intensamente durante más de dos años en un proceso transparente y participativo, incorporando mejoras que responden a las inquietudes de la comunidad y a los más altos estándares ambientales”, reflexionó.
Medidas de mitigación
El EIA también considera medidas para mitigar impactos en agua, aire y paisaje. Por ejemplo, se implementarán barreras hidráulicas para proteger el río San Salvador y el acuífero Calama-Yalquincha, y se reforzarán los sistemas de control de emisiones de material particulado, reduciendo las emisiones en la mina desde 3.500 ton/año a 3.080 ton/año.
Además, el proyecto incluye más de 30 compromisos ambientales voluntarios y acciones concretas para la ciudad de Calama, como la pavimentación de más de 15 kilómetros de calles y pasajes, la construcción del parque Norponiente de 15 hectáreas, el barrido y aspirado de vías, y programas de fomento agrícola y de energías renovables, entre otros.
“Este proyecto marca un hito en la gestión ambiental de la minería chilena. Incluye medidas innovadoras para reducir emisiones, proteger recursos hídricos y garantizar un desarrollo armónico con el entorno”, destacó Humberto Rivas, gerente de Medio Ambiente de Codelco.
Con esta aprobación, Codelco reafirma su compromiso con la producción responsable, respaldado por el sello internacional The Copper Mark, y con el desarrollo sustentable de la Región de Antofagasta, asegurando la continuidad de una operación estratégica para el país y para la minería del cobre.
| Consulta indígena con mayor participación de la historia
El EIA de DMH desarrolló un extenso proceso de Participación Ciudadana Anticipada desde fines de 2022, con más del 90% de las organizaciones territoriales de Calama y 46 organizaciones indígenas, con el fin de transparentar las características del proyecto, sus impactos y las medidas de control, mitigación y compensación. Específicamente, la Consulta a Pueblos Indígenas se convirtió en la más grande de la historia del SEIA, con la participación de 46 Grupos Humanos Pertenecientes a Pueblos Indígenas (GHPPI), con los cuales se desarrollaron más de 200 reuniones de diálogo entre mayo de 2024 y diciembre de 2025, lo que refleja un proceso amplio, profundo y altamente participativo. Los acuerdos alcanzados incluyen medidas de mitigación de impacto por MP10, obras urbanas y de infraestructura vial, programas de fomento agrícola, arborización, energías renovables y medicina ancestral, y mecanismos de seguimiento y trazabilidad. |
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