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JUSTICIA RECHAZA RECURSO DE PROTECCIÓN DE COMUNIDAD AYMARA POR CONSULTA INDÍGENA DEL SALAR DE COIPASA

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La Corte de Apelaciones de Iquique consideró que la resolución que dio inicio al proceso de consulta, dictada por el Ministerio de Minería, no excluyó a la comunidad de Ancovinto, y puntualizó que, de hecho, “se encuentra actualmente participando de aquel procedimiento, incluso siendo notificado para su asistencia y estando presente en la primera reunión que se llevó a cabo”.


Una derrota en la justicia vivió la comunidad aymara de Ancovinto, en su recurso de protección contra los ministerios de Minería y de Desarrollo Social, en el marco de la consulta indígena para entregar un Contrato Especial de Operación de Litio (CEOL) en el salar de Coipasa.

La Corte de Apelaciones de Iquique rechazó la acción constitucional de protección, presentada por el presidente de la comunidad, Joel Gómez Mamani, tras considerar que la resolución que dio inicio al proceso de consulta, dictada por el Ministerio de Minería, “no excluyó a la parte recurrente”, y puntualizó que, de hecho, “se encuentra actualmente participando de aquel procedimiento, incluso siendo notificado para su asistencia y estando presente en la primera reunión que se llevó a cabo”.

La resolución, dictada en forma unánime por la primera sala del tribunal de alzada tarapaqueño -integrada por el presidente (s), Pedro Guiza, el ministro suplente Francisco Berrios y el abogado integrante Sergio del Fierro- respaldó la legalidad del decreto que convocó al inicio del proceso de consulta, asegurando que “no existe acto arbitrario o ilegal que funde la acción impetrada”.

La resolución exenta 2748, de fecha 25 de octubre de 2024 y publicada en el diario oficial el lunes 4 de noviembre, incluyó a seis comunidades: Comunidad Indígena Aymara Central Citani, Comunidad Indígena Aymara Pueblo de Colchane, Comunidad Indígena Pueblo de Pisiga Carpa, Comunidad Indígena Aymara Pisiga Choque, Comunidad Indígena Aymara Pisiga Carpa, y Comunidad Indígena Aymara Colchane Andino Nº 2. Según consta en el acto administrativo, dicho listado fue informado por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), a solicitud de Minería, y fue confeccionado a partir del Registro Nacional de Asociaciones y Comunidades Indígenas.

Según Ancovinto, ello significaba una exclusión “ilegal y arbitraria” a la comunidad, que se encontraba “en idéntica situación jurídica y territorial mayormente afectada, ya que el trazado del CEOL se solapa en un elevado porcentaje (con) el territorio de Ancovinto, lugar utilizado para la subsistencia de las familias de Ancovinto”.

En dicho yacimiento, ubicado ubicado a 3.700 metros sobre el nivel del mar, en la comuna de Colchane -zona fronteriza entre Chile y Bolivia- SCM Copiapó, sociedad perteneciente al grupo Errázuriz, corre con ventaja para quedarse con el permiso en el marco del procedimiento simplificado -o fast track-, ya que cuenta con el 87% del área referencial del polígono señalado por el gobierno para desarrollar un proyecto de litio, cifra que supera el 80% solicitado por el Ejecutivo para priorizar los adjudicatarios.

Consultado, Joel Gomez, presidente de la comunidad de Ancovinto, señaló a Pulso que “el pronunciamiento de la Corte es meramente burocrático, pues en el fondo ganamos: a petición de la comunidad, el gobierno se comprometió a dictar un nuevo decreto, eliminando el copy paste que denunciamos, e incluyendo a la comunidad de Ancovinto en la lista de los afectados por el Contrato especial de operación de litio. De hecho, la consulta se encuentra suspendida hasta ese nuevo decreto. Depende del gobierno, nosotros estamos esperando que cumplan con su palabra”.

Por su parte, desde el Ministerio de Minería indicaron a este medio que el proceso de consulta indígena sostuvo su primera sesión, en la que participaron 65 personas de treces comunidades, pero aún se encuentra en su etapa de planificación. Dicho estatus, afirmaron, no significa que el procedimiento se encuentre paralizado.

Suina Chahuán, subsecretaria de Minería, explicó que “el fallo confirmó la legalidad de la resolución del ministerio que dio inicio a la consulta indígena, por lo cual nuestros equipos trabajan en la habilitación y continuidad del proceso, tal como ocurre en otros territorios donde las consultas avanzan”.

“Para el caso de Coipasa, y más allá del fallo, el Ministerio siempre se encuentra disponible para considerar los planteamientos de las comunidades y avanzar con flexibilidad, al mismo tiempo que cumple con los hitos que se han programado en relación con esa calendarización. En este sentido, se está conversando con las comunidades para retomar la planificación en marzo o abril, considerando sus planteamientos y buscando las mejores condiciones para que todas las comunidades estén debidamente representadas”, agregó Chahuán.

La susbecretaria detalló los avances del resto de los proceso de consultas indígenas que se encuentran abiertos. “En el caso de Ascotán y Ollagüe, se llevaron a cabo las reuniones de planificación y en ambas consultas continúan en marzo con la etapa de información. En enero además ya se publicó en el diario oficial la resolución de cierre de la consulta indígena por la solicitud de CEOL de Enami en salares Altoandinos y en Maricunga estamos en la etapa de diálogo y esperamos en marzo avanzar en el logro de un acuerdo”, comentó.

Así, remarcó que “tenemos programadas en los meses que siguen el inicio de las consultas que nos permitirán habilitar los espacios territoriales en los que se otorgarán ceoles en el marco de la Estrategia Nacional del Litio”.

 


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Royalty minero recaudó más de US$1.550 millones en su primer año de vigencia y tres mineras concentran el 90% de los pagos

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La cifra global de 2024 arrojó una recaudación mayor a la proyectada por el propio Ejecutivo. Las operaciones de Escondida, Collahuasi y Los Pelambres explicaron por sí solas US$1.398 millones en pagos de acuerdo a la nueva legislación, reafirmando la dependencia fiscal del Estado en un grupo reducido de faenas mineras, altamente rentables.


Una recaudación mayor a la proyectada consiguió durante 2024 la aplicación del nuevo royalty minero, en su primer año de vigencia. Si el Ejecutivo estimaba que el cobro tributario específico, aprobado en agosto de 2023, recaudaría en torno a US$1.350 millones en régimen, lo cierto es que la cifra del primer año de aplicación arrojó un número superior a ese. Al menos así lo revela un análisis realizado por la consultora 1st Quartil Mining, a los balances de la mineras que informaron a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) en sus estados de resultados los pagos relacionados con este y otros impuestos.

Así, de acuerdo con sus cálculos, el royalty minero generó una recaudación superior a los US$1.550 millones, considerando las trece principales operaciones mineras del país (ver gráfico), de un total de 34 sociedades afectas al régimen específico. Las cifras revisadas por la consultora no consideran el impuesto ad valorem correspondiente al 1% de los ingresos por ventas de cobre. El ejercicio fue liderado por el director ejecutivo de la entidad, Claudio Valencia.

Del total contabilizado, sólo tres operaciones concentran el 90% de los pagos: Minera Escondida, el mayor yacimiento de cobre del mundo operado por BHP -que cuenta con el 57,5% de la propiedad-, aportó con US$839 millones, siendo el mayor de los pagos en toda la industria minera del cobre y explicando el 54% del total. La cifra, neta de otros beneficios de los impuestos a las ganancias, es sólo una parte de los tributos totales que pagó la minera en el ejercicio pasado, que alcanzaron los US$ 2.371 millones, incluyendo los impuestos a la renta, donde las mineras pagan el mismo 27% corporativo que el resto de la industria.

Sin embargo, la reconciliación de la tasa de impuesto efectivamente pagada por Escondida arroja una cifra aún mayor: US$969 millones por concepto de royalty minero. Según detallan los propios balances de la compañía, el monto se compara con el pago por US$226 millones realizado durante 2023 por concepto del Impuesto Específico a la Actividad Minera (IEAM), que regía en ese entonces.

La aplicación del nuevo royalty minero hizo que para la principal operación productiva de cobre del país la tasa aplicada en gravámenes específicos saltara desde el 5,75% en 2023, al 17,11% en 2024.

Cabe recordar que el nuevo esquema tributario del sector pasó de gravar el resultado operacional de las mineras en una escala de tasas que rondaba entre 5% y 14%, a aplicar una escala de impuesto sobre el nivel de la producción de cada firma. De esta forma, aquellas firmas que producen menos de 50 mil toneladas anuales pagan entre un 0,4% y un 4,4%, mientras que aquellos productores que superen dicho nivel y más de la mitad de ella corresponda a cobre, pagarán un componente ad valorem de 1%, y además una tasa progresiva que va de 8% a 26% del margen operacional minero.

Escondida produjo en el ejercicio pasado un total de 1.241 mil toneladas de cobre fino, un 16% superior a lo visto en 2023. En dicho período, las utilidades de la minera alcanzaron los US$3.290 millones, El nuevo esquema tributario hizo que la minera anotara un aumento de 61% en el pago de impuestos, en comparación al mismo periodo de 2023.

El segundo actor que más contribuyó con los pagos contabilizados por 1st Quartil Mining fue Collahuasi, con aportes por US$363 millones. La operación, controlada por el joint venture entre Anglo American y Glencore, donde cada una cuenta con el 44% de la propiedad, y consorcio Japan Collahuasi Resources, el 12% restante, informó en sus balances que la tasa impositiva en 2024 alcanzó el 14,4%, versus el 6,7% visto en 2023, año en que pagó US$152 millones por el IEAM.

El resultado pasó por las 558 mil toneladas en producción de cobre que reportó la operación durante el ejercicio, lo que le permitió obtener utilidades por US$1.542,9 millones, y un reconocimiento por concepto de impuestos de US$969,9 millones.

En los documentos enviados por la minera a la CMF, habla de US$383,3 millones por concepto del royalty minero, calculado sobre la renta imponible operacional. A ello suma US$44,1 millones correspondientes al componente ad valorem calculado sobre las ventas.

El total, dice la propia compañía, asciende a los US$427,4 millones en reconocimientos por concepto de royalty minero.

El tercer actor que completa el listado de mineras que más pagan royalty es Los Pelambres, donde el grupo Luksic tiene el 60% de la propiedad, y un consorcio japonés, el 40% restante. Según la consultora, los aportes por royalty minero de Pelambres fue de US$196 millones en 2024. El cargo se compara con los US$86 millones pagados por la minera en 2023 por concepto del IEAM.

Según detallan los estados de resultados de Pelambres, la tasa aplicada para el cálculo del gravamen de la minera fue de un 12,73%, versus el 6,3% que se le aplicó con la legislación tributaria anterior.

Impacto en la competitividad

La mayor parte del resto de las operaciones mineras de cobre privadas realizaron aportes significativamente menores, incluso con montos inferiores a los US$ 70 millones. Además, varias de ellas no registraron pagos, como Spence, de BHP, dada la invariabilidad tributaria con la que cuenta dicha operación hasta 2032. En el grupo de las mineras que tampoco registraron pagos de royalty minero, también se encuentra Quebrada Blanca, controlada en un 60% por la canadiense Teck, un 30% de Sumitomo y el 10% que Codelco compró a Enami en 2024. La minera informó pérdidas por US$779 millones en 2024.

En el análisis de Valencia, los resultados muestran además de la concentración del 90% de los pagos en tres actores, un impacto en la competitividad del sector.

“Desde una perspectiva de mediano y largo plazo, el impacto del royalty en la competitividad de la industria minera nacional y el atractivo para la inversión debe ser siempre monitoreado y comparado frente a otros distritos mineros. Es fundamental para resguardar la competitividad, sostenibilidad y atractivo del país como destino de inversión minera”, indicó.

También, apuntó a la preocupación que sus clientes le han expresado por el correcto uso de los recursos.

”Un uso adecuado de estos fondos permite mejorar la calidad de vida de las comunidades y fomentar un desarrollo económico más diversificado y sostenible. Cuando la ciudadanía percibe beneficios concretos en su entorno, se fortalece la legitimidad social de la minería y se reduce la conflictividad. Por el contrario, la falta de planificación, control o transparencia en la asignación de estos recursos puede traducirse en malgasto, clientelismo o pérdida de confianza en las instituciones. Por ello, una gestión eficaz y estratégica del royalty no solo es una obligación ética, sino también una condición para asegurar el desarrollo armónico de los territorios mineros y la continuidad de la actividad extractiva con respaldo social”, agregó.

 



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Una mujer liderará directorio de SQM

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De forma sorpresiva para el mercado, SQM informo la renuncia sorpresiva del presidente y vicepresidente de su directorio, Gonzalo Guerrero y Patricio Contesse F., respectivamente.

Asimismo, por primera vez en su historia, el mayor productor de litio del mundo pasará a ser liderado por una mujer


A través de un hecho esencial la compañía comunicó la renuncia del actual presidente y vicepresidente de su directorio y el nombre de quien presidirá la instancia.

SQM informó este martes la renuncia del presidente y vicepresidente de su directorio, Gonzalo Guerrero y Patricio Contesse, respectivamente. Asimismo, por primera vez en su historia el mayor productor de litio del mundo pasará a ser liderado por una mujer, Gina Ocqueteau.

Según reportó la compañía a través de un hecho esencial presentado a la Comisión para el Mercado Financiero, ambos ejecutivos presentaron su dimisión a los cargos pero mantendrán otros roles dentro del mismo directorio.

El directorio reunido en sesión ordinaria, eligió a la directora Gina Ocqueteau como presidenta, mientras que Gonzalo Guerrero pasó al cargo de vicepresidente. Por su parte, Patricio Contesse, se mantendrá como director de la minera.

El cambio del gobierno corporativo de la firma respondería a una política interna que ha llevado adelante SQM desde la salida de su histórico presidente Julio Ponce Lerou tras 28 años y que contempla la renovación de los altos mandos del directorio cada tres años.

La primera mujer presidenta

Enfermera de la Universidad de Chile con un MBA de ESADE Bussiness School, Gina Ocqueteau se desempeñaba desde abril de 2022 como directora independiente de SQM por la serie A, tras ser postulada por el Grupo Pampa Çalichera (que elige 3 de los 8 integrantes del directorio).

A lo largo de su carrera se ha destacado por ocupar distintas gerencias de la ACHS, asi como su participación en una serie de directorios de distintas compañías. En la vereda pública, integró el Consejo Asesor del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género en 2021.

De acuerdo a la página web de SQM, actualmente es la Directora de la Cámara de Comercio Asia Pacífico y Fundación Marca Chile, consejera de Chile Mujeres, docente de BOW Mujeres Empresarias, cofundadora de Unión Emprendedora, socia fundadora de CrossCheck y gerenta general de Waygroup Chile. También es directora de Enel Chile desde abril de este año.

 



Fuente/Diario Financiero
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Gobierno cierra misión en Bruselas con acuerdos estratégicos para fortalecer estrategia de minerales críticos

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Ministra Aurora Williams encabeza misión sobre minerales críticos en Bruselas para fortalecer alianza estratégica con la Unión Europea

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Codelco acuerda términos y condiciones con BHP para la exploración de su pertenencia “Anillo”

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