Marcel aseguró que así se entrega mayor seguridad y predictibilidad a la recaudación del impuesto. Se anunció que se repondrá los gastos de la puesta en marcha como costo para el cálculo de la renta imponible.
En tierra derecha entró el proyecto del royalty minero que busca impulsar el gobierno. Este martes se inició la discusión en el marco de la comisión de Hacienda del Senado, luego de que la iniciativa superara su primera valla en la Cámara Alta, en la comisión de Minería y Energía.
En la instancia, la principal novedad tuvo que ver con una propuesta del ministro de Hacienda, Mario Marcel, para introducir nuevos cambios en el proyecto, sin interferir con lo que ya ha sido aprobado. De esta manera, el titular de Hacienda planteó la posibilidad de reponer los gastos de puesta en marcha como un costo para el cálculo de la Renta Imponible Operacional Minera Ajustada.
Según detalló, “esto implicaría dejar el cálculo de Renta Operacional Minera igual a cómo funciona actualmente con el impuesto específico. Esto no es un monto importante en el conjunto, pero sí es significativo, especialmente cuando hay nuevos proyectos mineros y los gastos de puesta en marcha son importantes En esa línea, la segunda propuesta considera la discusión para establecer un límite a la carga tributaria potencial, tomando en cuenta tanto el royalty como el impuesto a la renta que enfrentan las compañías.
“Esto significaría que se da mayor seguridad y predictibilidad a la recaudación del impuesto que sería relevante en tres tipos de situaciones: una, cuando tenemos una explotación minera que tiene posibilidad de mejorar significativamente su productividad, ya que al tener un límite, una empresa que mejore mucho su productividad, tendría una carga tributaria algo menor.
Segundo, permitiría que cuando hay precios que son muy altos y el margen minero aumenta significativamente, permanecería una oportunidad de rentabilidad para las empresas del sector”, aseguró Marcel.
Agregó que en tercer lugar, en el otro extremo de la distribución, está el caso de minas con un margen minero relativamente bajo, y que “el grueso de su pago de impuesto correspondería a la tasa ad valorem, (donde) también se encontrarían con este límite antes de tener que pagar toda esa tasa ad valorem, entonces beneficiaría a proyectos o a minas relativamente más pequeñas, hablando siempre de mediana y gran minería, y a proyectos más eficientes”, aseguró Marcel.
De todos modos, la autoridad detalló que la relevancia de este límite depende mucho donde finalmente se establezca, ya que si es muy arriba no sería muy relevante, y si es muy abajo, bajaría significativamente la carga tributaria a la que están afectas las mineras.
Asimismo, el encargado de las finanzas públicas comentó que el establecer un límite, permitiría despejar estimaciones o especulaciones que se han discutido en la industria, y que según Marcel, ha llevado a que se comente que el indicador sería de 60% o hasta 120%.
Consultado respecto a cómo afectará la normativa a la estatal Codelco, el ministro de Hacienda sostuvo que “cambian las vías a través de las cuales se traspasan recursos al fisco, pero no cambia significativamente su carga, y más bien la novedad con respecto a Codelco es este acuerdo en cuanto a retener en la empresa el 30% de sus utilidades anuales para financiar sus proyectos de inversión”.
Otra de las dudas resueltas por el ministro tuvo que ver con qué sucederá con el impuesto ad valorem cuando las empresas no tengan utilidades, ante lo que puso como ejemplo que en caso de que una minera obtenga US$ 1 de utilidad, pagará solo lo correspondiente a evitar que tenga pérdidas, por lo que cuando haya rentabilidad muy baja, o cercana a negativa, se ajustará este componente.
Con todo, las estimaciones del Ejecutivo apuntan a que con la iniciativa en pleno funcionamiento, se espera un aumento en la recaudación de 0,46% del PIB por mayor recaudación, y de 0,15% ante la mayor producción.
